Petróleos Mexicanos (Pemex) acumuló adeudos vencidos con proveedores estadounidenses por más de 2 mil 500 millones de dólares en 2025, equivalente a cerca del 10 por ciento de su deuda total con proveedores y contratistas, de acuerdo con el Informe Nacional de Estimaciones Comerciales de la Oficina del Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
Al cierre del 2025, Pemex acumuló deudas con proveedores por 24 mil 182 millones de dólares, según los reportes financieros de la empresa.
El reporte de la USTR detalló que, aunque algunas empresas ya habían recibido el pago total o parcial, en los últimos dos años, los proveedores estadounidenses que abastecen el sector mexicano de petróleo y gas han reportado dificultades “sin precedentes” para recibir el pago de Pemex por los servicios prestados.
A mediados del año pasado, el Consejo de Fuerza Laboral y Tecnología Energética (EWTC, por sus siglas en inglés) solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para que Pemex liquidara la deuda que tiene con proveedores de servicios petroleros estadounidenses que, hasta ese momento, ascendía a poco más de 1.8 mil millones de dólares.
La asociación representa a más de 250 empresas de servicios energéticos en Estados Unidos, y especificó que representan más del 60 por ciento de los servicios petroleros contratados por Pemex.
EWTC enfatizó que las interrupciones de servicios son inminentes si la situación continúa sin resolverse, lo que impactará directamente la producción de energía en México.
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Pemex mantiene una alta dependencia de proveedores estadounidenses para sostener sus operaciones de exploración y producción, con firmas como Baker Hughes, Halliburton, SLB y Weatherford entre sus principales contratistas.
Crecen barreras para privados en el sector energético
Por otra parte, la USTR expuso que las empresas privadas estadounidenses que operan en México a menudo no pueden participar de manera efectiva, o incluso no participar en absoluto, en el sector energético mexicano debido a las frecuentes demoras, los rechazos inexplicables o injustificados y la inacción con respecto a las solicitudes de nuevos permisos o modificaciones de permisos existentes.
“Las suspensiones o revocaciones inexplicables o injustificadas de permisos existentes, así como otros impedimentos, socavan la capacidad de las empresas privadas para operar instalaciones energéticas, importar o exportar electricidad o combustible, almacenar o transbordar combustible y construir u operar estaciones de servicio”, señaló el documento.