Córdoba, (EFE).- El I Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital, «Andalucía frente al Acoso», que se ha clausurado este viernes, ha fijado entre sus conclusiones proponer una edad mínima de acceso a las redes sociales, así como abrir el debate jurídico de la tipificación del acoso como delito con el objetivo de evitar el acoso escolar y el ciberacoso.
Tras la clausura del congreso, la consejera de Desarrollo Educativo y FP de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha expuesto las conclusiones de las dos jornadas y se ha comprometido a impulsar desde la región que se establezca una edad mínima de acceso a las redes sociales para los niños y adolescentes, como ocurre ya en países como Australia, y la apertura de un debate jurídico acerca de la posible tipificación del acoso escolar como delito.
En el ámbito educativo, la consejera ha adelantado una medida de refuerzo de las alertas en los protocolos, de tal forma que las denuncias por parte de las familias o miembros de la comunidad educativa sean comunicadas ya en el primer paso a la inspección educativa, con el objetivo de reforzar el asesoramiento y seguimiento de cada caso, con independencia de que la situación de conflicto se solucione con las actuaciones en el ámbito escolar con la colaboración de las familias.
Nuevos retos
Igualmente, la Consejería va a estudiar una modificación reglamentaria para que la consecuencia para el acosador sea el cambio de centro por norma, con el objetivo de reforzar la seguridad y protección de la víctima y la mejora de la convivencia escolar.
Castillo ha explicado que aunque Andalucía cuenta con un «sistema robusto» de promoción de la convivencia, la protección y la salud mental de los jóvenes, ahora se afrontan nuevos retos que obligan a las instituciones a adaptarse «a los ritmos en que se producen los cambios sociales en esta era digital, caracterizada por una transformación constante».
Por ello, el Gobierno andaluz ha decidido «dar un paso al frente con la celebración de este Congreso Nacional, para dar voz a la sociedad civil y liderar esos cambios que aseguren el bienestar de nuestros niños, adolescentes y jóvenes», ha apuntado Castillo.
«La tecnología, en sí misma, no se trata de un problema, y los centros educativos se presentan probablemente el entorno más seguro y supervisado que existe, por lo que los retos no se limitan sólo al sistema educativo, sino al conjunto de la sociedad», ha apostillado la consejera.
De esta forma, se ha propuesto integrar de forma más clara la convivencia y el bienestar emocional en la ordenación y evaluación educativa y avanzar en los procesos de desburocratización que faciliten respuestas más ágiles y eficaces ante las situaciones de acoso.
Entorno seguro
Además, ha considerado fundamental «garantizar un entorno seguro para las víctimas una vez ya se ha producido el acoso», mientras que se estudiará «endurecer las consecuencias para los acosadores con el cambio de centro» para «garantizar más y mejor la protección de la víctima».
Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha destacado que este congreso «es todo un acierto» y que la lucha contra la violencia digital «implica al conjunto de la sociedad», por lo que ha subrayado la importancia de espacios de trabajo conjunto para «buscar soluciones a un problema real» que «puede llegar a costar vidas».
Finalmente, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha señalado la necesidad de abordar el ciberacoso tanto desde el punto de vista de la víctima como del acosador para que comprenda las consecuencias de sus actos, el daño provocado y reconducir su conducta.
Ha mostrado una herramienta diseñada por los menores infractores que cumplen medidas judiciales de internamiento en el centro de menores de El Molino de Almería, que recrea un juicio virtual por acoso escolar para que los jóvenes tomen conciencia. EFE