Por Gloria Isela Treviño
Durante las últimas semanas, Tamaulipas ha permanecido en la conversación nacional por un tema que rebasa las fronteras del estado: las investigaciones relacionadas con el presunto esquema de huachicol fiscal. Más allá de las responsabilidades que, en su momento, determinen las autoridades, el caso ha colocado nuevamente a la entidad bajo escrutinio por el funcionamiento de sus aduanas, sus puertos y sus corredores logísticos.
No es un asunto menor. Tamaulipas es una de las principales puertas del comercio entre México y Estados Unidos. Su competitividad depende no solo de su ubicación geográfica o de su infraestructura, sino también de la confianza que generan sus instituciones. Cuando esa confianza se pone en duda, el impacto alcanza la inversión, el comercio exterior y la imagen del estado.
En medio de ese escenario, la agenda pública de este martes contempla la inauguración de la Estación Segura Valadeces, en Gustavo Díaz Ordaz, y la colocación de la primera piedra de la Estación Segura Laguna Escondida, en Reynosa. Se trata de infraestructura destinada al auxilio carretero y la atención de emergencias para quienes transitan por las vías estatales. Es una política pública con objetivos claramente definidos y cuya utilidad puede resultar importante para los usuarios de las carreteras.
Sin embargo, la coyuntura obliga a mirar más allá de la agenda del día.
Mientras el debate nacional gira en torno al presunto ingreso irregular de combustibles por aduanas mexicanas y a las debilidades institucionales que permitieron la operación de ese esquema, en Tamaulipas hay una ausencia que comienza a llamar la atención.
Hasta ahora, no existe un posicionamiento conjunto de las y los diputados federales que representan al estado sobre un tema que afecta directamente su reputación como plataforma logística y comercial. Tampoco se conoce una agenda legislativa específica orientada a revisar el funcionamiento de las aduanas, fortalecer los mecanismos de supervisión o impulsar reformas que cierren espacios al llamado huachicol fiscal.
El silencio resulta particularmente relevante porque los diputados federales no son únicamente representantes de un partido político; son representantes de un estado cuya economía depende, en buena medida, de la confianza que generan sus instituciones. Si Tamaulipas ocupa hoy un lugar central en la conversación nacional por este tema, también sería razonable esperar una postura sobre cómo evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
No se trata de adelantar responsabilidades ni de convertir un caso en una condena política. Esa tarea corresponde a las autoridades competentes. Pero sí es válido preguntarse cuál será la aportación del Poder Legislativo frente a un problema que exhibe posibles debilidades en los controles aduaneros y en los mecanismos de fiscalización.
En ese contexto, la gira del gobernador adquiere otra lectura. Más que convertirse en el tema central de la discusión, forma parte de una agenda gubernamental que continúa desarrollándose mientras el estado enfrenta uno de los mayores desafíos recientes en materia de confianza institucional. La inauguración de infraestructura de auxilio carretero responde a una política pública específica, pero difícilmente modifica, por sí sola, el debate que hoy ocupa la atención nacional.
La discusión de fondo es otra.
¿Qué acciones concretas propondrán los representantes populares de Tamaulipas para fortalecer las instituciones responsables de proteger la principal puerta comercial del país? ¿Qué reformas impulsarán para evitar que las aduanas vuelvan a convertirse en el eslabón más vulnerable de la cadena logística? ¿Dónde está la voz de quienes representan al estado en la Cámara de Diputados?
Porque cuando la imagen de Tamaulipas se encuentra bajo escrutinio, el silencio también comunica. Y en política, como en el periodismo, las ausencias suelen decir tanto como las declaraciones.