Por Redacción | Latitud Norte Noticias
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a tres exmandos militares que estuvieron al frente de la Aduana de Matamoros por su presunta participación en una red de huachicol fiscal que habría introducido de manera ilegal más de 144.5 millones de litros de combustibles al país. Mientras las pesquisas avanzan, dos de los exfuncionarios promovieron juicios de amparo para intentar revertir el bloqueo de sus cuentas bancarias ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Los investigados son los tenientes coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, quienes ocuparon en distintos periodos la administración de la Aduana de Matamoros, así como el teniente Jorge García García, exsubdirector de Operación Aduanera. La FGR los relaciona con una presunta organización dedicada al contrabando de hidrocarburos mediante un esquema que simulaba la importación de productos químicos para evadir impuestos y controles aduaneros.
De acuerdo con la investigación, la red habría operado entre junio de 2024 y julio de 2025 utilizando la modalidad conocida como huachicol fiscal, que consiste en introducir combustibles al país con documentación falsa o alterada. En este caso, los cargamentos de gasolina, diésel y nafta eran declarados como solución de cloruro de calcio y otros productos químicos, lo que permitía evitar el pago de impuestos federales y reducir los controles de revisión.
Las autoridades estiman que el volumen de combustible ingresado bajo este esquema supera los 144 millones 508 mil litros, lo que convierte al expediente en una de las investigaciones más importantes por contrabando de hidrocarburos abiertas en los últimos años.
La indagatoria también identifica como presunto líder de la organización al empresario Armando III Riestra Fernández, quien enfrenta un proceso penal. Según la FGR, la estructura estaría integrada por empresarios, agentes aduanales, operadores logísticos y servidores públicos que habrían coordinado las operaciones de importación irregular a través de la frontera de Tamaulipas.
Paralelamente al proceso penal, Barrera Trujillo y Sarabia García promovieron juicios de amparo contra el congelamiento de sus activos financieros. Las resoluciones judiciales únicamente les permitieron acceder a recursos relacionados con su pensión militar y salario, respectivamente, mientras continúa el litigio sobre el aseguramiento del resto de sus cuentas.
El caso cobra especial relevancia porque la Aduana de Matamoros es uno de los principales cruces para el comercio entre México y Estados Unidos y forma parte del sistema de aduanas administrado por las Fuerzas Armadas desde 2020 como parte de la estrategia federal para combatir la corrupción y fortalecer la vigilancia en las fronteras.
La investigación se desarrolla además en un contexto de mayor presión de las autoridades mexicanas y estadounidenses contra las redes de huachicol fiscal, consideradas responsables de millonarias pérdidas para el erario por evasión de impuestos y del ingreso ilegal de combustibles al mercado nacional.
De confirmarse las acusaciones, el caso representaría uno de los mayores escándalos de presunta corrupción dentro del sistema aduanero militarizado y colocaría nuevamente bajo escrutinio los mecanismos de control implementados en las principales aduanas del país.