EFE.- Varias organizaciones no gubernamentales de Venezuela denunciaron “enérgicamente” este domingo el allanamiento ilegal, actos de extorsión y la detención de al menos 33 hombres por parte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en un sitio de entretenimiento de la comunidad LGBT+ en el estado de Lara, este sábado.
El Observatorio Venezolano de Violencias LGBT+, Caleidoscopio Humano y el Movimiento SOMOS, afirmaron en un comunicado que los agentes policiales, vestidos de civiles, “acusaron a las personas de ‘ejercer el delito de la homosexualidad’, según relatan las víctimas”.
“Este grave suceso no solo vulnera los derechos de los propietarios del establecimiento, sino que también criminaliza y somete a la humillación pública a al menos 33 hombres presentes, exponiendo su orientación sexual a familiares y amigos”, advirtieron.
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Según las organizaciones, continúa una política de criminalización contra las personas LGBT+ en Venezuela, al asegurar que ha habido allanamientos en seis locales de entretenimiento, sin especificar desde cuándo, y la “detención arbitraria de distintas personas por su expresión de género o por estar relacionadas con personas del mismo género”.
“Exigimos a las autoridades con competencia una investigación inmediata y exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables de esta agresión. Estos actos arbitrarios y discriminatorios son inaceptables y profundizan la vulnerabilidad de nuestra comunidad ante la impunidad”, expresaron.
Las ONG hicieron un llamado a que la “violencia institucional y la criminalización de la diversidad sexual y de género” cesen de inmediato y exigieron al Estado garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos de todas las personas, sin distinción.
“Es hora de que se garantice la protección inmediata a las personas LGBT+ y cese la persecución ejercida por las fuerzas de seguridad del Estado. ¡No más homotransfobia de Estado!”, agregaron.
En julio de 2023, 33 hombres fueron detenidos en un local LGTB+ en el estado Carabobo (norte), acusados de “ultraje al pudor”, además de “agavillamiento (asociación ilícita) y contaminación sónica”, y excarcelados días después, tras numerosas protestas de distintos sectores.
El colectivo LGBT+ venezolano advirtió entonces que el caso sentó un precedente que “puede dar pie a nuevos procesos de criminalización por prejuicios basados en orientación sexual”.
En agosto de ese año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante “las acciones arbitrarias” y “los abusos de autoridad cometidos por agentes de seguridad de Venezuela” contra personas LGBT+, por lo que urgió al país a “abstenerse de criminalizar” a este colectivo.
El pasado 9 de mayo, la presidenta encargada, DelcyRodríguez, pidió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo una “doctrina sobre la diversidad” sexual “como un derecho humano fundamental”.
En Venezuela, una persona trans está obligada a identificarse legalmente con un nombre que no la representa y parejas del mismo sexo no tienen derecho a casarse, entre otras prohibiciones que motivan las luchas de la comunidad LGBT+.